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La justicia argentina en la época kirchnerista

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noticias críticas y malas sobre ella

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Cómo el kirchnerismo manipula los expedientes judiciales

QUE TE EMBOCO, QUE LO PROTEJO...

El título oficial, pomposo y burocrático, es: “Aplicación efectiva de la delegación de la instrucción del juez al fiscal que regula el art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación”. Más conocida como la flamante RES PGN 99/11, del 1° de este mes.

n español: el procurador general de la Nación, Esteban “Bebe” Righi [foto], le pidió a todos los fiscales que chiflen cuando un juez les tire por la cabeza una investigación a mitad de camino. O, por el contrario, que se las quite en plena pesquisa.

¿Qué significa? Que Righi quiere saber cuántas veces ocurre eso para informarle a la Corte Suprema. Porque se trata de una práctica con una característica singular: es directamente proporcional a la sensibilidad de la causa para el poder, sea este político o económico. ¿Cómo funciona?

Si la causa la tiene un juez y no le interesa, se la emboca al fiscal.

Si la causa la tiene el juez y le interesa, no se la da al fiscal.

Si la causa no la tiene el juez y empieza a interesarle, se la quita al fiscal.

Y si la causa la cerró el juez, el fiscal apeló, la Cámara la reabrió, se la regala al fiscal (siempre y cuando el expediente no le interese al juez, si no, se cumple la regla Nº 2).

¿Dónde ocurre? Righi detalló antecedentes en varios fueros, pero con epicentro en los tribunales de Comodoro Py y algo en el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal. De hecho, todo surgió a partir del reclamo de un fiscal federal de Py, Federico Delgado, y su superior jerárquico, Germán Moldes. Más claro…



Hugo Alconada Mon
http://valijeros.blogspot.com/
http://www.periodicotribuna.com.ar/10040-como-el-kirchnerismo-manipula-los-expedientes-judiciales.html

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Suspenden el juicio oral a Hugo Moyano por calumnias e injurias

http://www.infobae.com/notas/616367-Suspenden-el-juicio-oral-a-Hugo-Moyano-por-calumnias-e-injurias.html

Hasta nuevo aviso, se postergó el proceso judicial que le inició un ex dirigente socialista, que lo vinculó a la Triple A en los años 70. El líder de camioneros lo acusó de "mitómano"

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Condenan a Luis D'Elía a cuatro días de cárcel

La pena quedó en suspenso, en el marco de la causa por el ataque a un ruralista.

http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/154816-condenan-a-luis-delia-acuatro-dias-de-carcel/

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Indoamericano: dictan falta de mérito a dos imputados por los incidentes durante la toma

Se trata de Julio Capella y Diego Gerino, dos presuntos barras bravas; la Justicia consideró que las pruebas eran insuficientes como para mantenerlos procesados

http://www.lanacion.com.ar/1422577-indoamericano-dictan-falta-de-merito-a-dos-imputados-por-los-incidentes-durante-la-toma

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Quema de trenes: falta de mérito para Rubén "El Pollo" Sobrero

Lo dispuso el juez Juan Manuel Yalj, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Martín. También fueron beneficiados otros cuatro imputados, mientras que Leonardo Portorreal fue sobreseído. En la causa se investigan los incidentes que ocurrieron el pasado 2 de mayo en la estación Liniers

http://www.infobae.com/notas/616414-Quema-de-trenes-falta-de-merito-para-el-sindicalista-Ruben-El-Pollo-Sobrero.html


El juez federal Juan Manuel Yalj dictó la falta de mérito del delegado sindical ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero y otros cuatro acusados, y sobreseyó al ex vocero sindical Leonardo Portorreal, por los destrozos de vagones de la empresa TBA ocurridos el pasado 2 de mayo en la estación de trenes de Liniers.

La decisión, a cargo del Juzgado nº 2 de San Martín, se debe a que el magistrado no ha encontrado pruebas suficientes ni para procesarlo ni para sobreseerlo en la causa.

Además de Sobrero y Portorreal, en la causa estaban imputados Rodrigo Peláez, Hernán Axon y los hermanos Fernando y Guillermo Díaz.

Al delegado ferroviario se lo acusaba de ser parte de una asociación ilícita que tuvo la intención de realizar un sabotaje contra la empresa TBA con el objetivo de presionar para que sean incorporados trabajadores tercerizados, según las sospechas del juez.

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Jueces en la era K: denuncias de trampas y amiguismo

En el Consejo de la Magistratura aseguran que los concursos son vulnerados; cuáles son los trucos sospechados y quiénes los acusados de operadores en la elección de magistrados

Por Maia Jastreblansky | LA NACION

http://www.lanacion.com.ar/1423821-la-eleccion-de-jueces-en-la-era-k-denuncias-de-trampas-y-amiguismo

Hecha la ley, hecha la trampa

La última selección de candidatos, el concurso 140, hizo más notorio y escandaloso un proceso que hace años está plagado de dudas. Demorado y con un historial de idas y vueltas, sembró sospechas por lo inédito que resultó el acuerdo entre el kirchnerismo y Pro. Pero, antes estuvo manchado por la denuncia de que dos concursantes habrían hecho trampa al recibir de antemano las preguntas de los exámenes, una causa que en 2010 desestimó la jueza María Servini de Cubría.

Más allá de este último caso, los opositores denuncian que son varias las instancias del concurso en las que aparece la posibilidad de la parcialidad e, incluso, de las más vulgares trampas.

Sobre la etapa de los exámenes, en teoría anónimos, pesan turbios antecedentes. Una de los trucos detectados fue la inclusión de apellidos de jugadores de fútbol o de la Primera Junta de Mayo en las respuestas de las pruebas, de modo que, quien debía potenciar a un candidato, reconocía su examen. A tal punto llegó esa práctica que se fijaron de antemano los nombres a utilizar.

En tanto, entre los funcionarios y operadores mencionados, hay uno que salta una y otra vez. Según varias fuentes, Javier Fernández se maneja en las sombras desde el menemismo, estableciendo contactos y promoviendo amigos en el Poder Judicial. Fernández es el actual referente del kirchnerismo en la Auditoría General de la Nación (AGN).

En el caso del concurso 140, los miembros del jurado y concursantes fueron investigados por sus contactos con Fernández. "La propia Servini de Cubría dijo que había cuestiones sospechosas", remarcó Cimadevilla.

No fue la primera denuncia que lo comprometió. Fuentes judiciales recordaron a LA NACION que la ex esposa de un concursante reveló por escrito ante el Consejo las reuniones que postulantes habrían mantenido con el hoy auditor de la AGN. "Esa mujer contó lo que vio en su casa. Había que, por lo menos, investigar, pero archivaron todo", agregaron.

Ventajas

La principal herramienta del kirchnerismo para lograr un dictamen favorable a sus intereses es el número. Luego de que la composición del Consejo pasara de 20 a 13 integrantes con la reforma de 2006, el oficialismo logró que sus seis consejeros quedaran muy cerca de los dos tercios necesarios para aprobar la terna definitiva.

Pero retomemos por un momento al comienzo del proceso formal. Ya sobre el nombramiento de los jurados que evalúan a los postulantes pesan las sospechas. "A partir de 2006 los consejeros elijen nombres para la lista de jurados, mientras que antes surgía de las asociaciones de jueces, abogados y universidades", explicó Rodríguez.

Cimadevilla recordó que en el concurso 140 el actual juez Eduardo Farah había sacado un bajísimo puntaje en una prueba que se había tomado en 2005 y que luego fue desechada. Cuando en 2008 la evaluación se repitió, ya como camarista, ofició de jurado. "Eso demuestra la idoneidad académica y técnica de quienes deben calificar", observó. Farah fue amigo del colegio de Javier Fernández.

Finalmente, Rodríguez dijo que la arbitrariedad queda patente en la etapa de las entrevistas personales: "Si bien los exámenes y la trayectoria son calificados con puntaje, la entrevista con la Comisión (que tiene mayoría oficialista) puede implicar cambios en el orden de mérito. Con lo cual, la discrecionalidad que se intenta restar en las etapas previas, acá se torna ilusoria", manifestó.

Con los consejeros aliados que el oficialismo encontró la semana pasada, la decisión final sobre las ternas es un mero trámite. "Ya desde 2006 quedó patente la voluntad del kirchnerismo de tener jueces adictos. Salvo la de la Corte, el resto de las designaciones de este Gobierno están sospechadas", concluyó Cimadevilla.

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Indoamericano: la jueza insiste en que no hay delito y se apartó del caso

http://www.infobae.com/notas/617724-Indoamericano-la-jueza-insiste-en-que-no-hay-delito-y-se-aparto-del-caso.html

La magistrada María Cristina Nazar decidió excusarse de seguir interviniendo en la causa contra delegados barriales por la toma del parque de Villa Soldati en diciembre de 2010. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que el caso quedó a cargo de María López Iñiguez, titular del juzgado nº 14

La jueza Nazar había dicho que no había delito de usurpación, pero luego la Cámara en lo penal y contravencional revocó el archivo de la causa y permitió que la fiscal Claudia Barcia pidiera la indagatoria de los imputados mediante el uso de la fuerza pública.

Luego Nazar entró en un duro cruce con la fiscal cuando la magistrada consideró que en caso de ausentarse a las citaciones indagatorias, los imputado no podían ser llevados por la fuerza pública.

Finalmente la jueza decidió excusarse. Para la magistrada se trata de "una ocupación del espacio público que debe intervenir el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad y no tipificarlo en la figura penal que en el presente se investiga", indicaron las fuentes.

“Para que resulte procedente la aplicación de dicha figura es requisito sine qua non que el inmueble que haya sido ocupado sea de propiedad privada. Así, afirmé que el Parque Indoamericano es un bien de dominio público del Estado y por lo tanto no se encuentra en el comercio, siendo que es un bien imprescriptible, inenajenable e inalienable”, dice la resolución de la jueza.

En la causa están imputados los delegados Alejandro Salvatierra, Noemi Ruejas, Diosnel Pérez Ojeda, Luciano Nardulli, Antonio Marcelo Chancalay y Berta Elizabeth Revilla.

Algunos de ellos ya fueron indagados y el resto será interrogado los próximos días.

Al excusarse, la jueza sostuvo que “si debo expedirme favorablemente respecto de las pretensiones del Ministerio Público Fiscal, surge ostensible que tal situación produce en mi persona violencia moral, dado que dictar medidas contrarias a mi criterio y conciencia significaría desnaturalizar la independencia que como Magistrada fui investida constitucionalmente”.

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Analisis

Si no hay corrupción, ¿por qué el Gobierno insiste en manipular los sorteos de jueces?

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (Y RECALDE) EN LA MIRA

http://www.periodicotribuna.com.ar/10119-si-no-hay-corrupcion-por-que-el-gobierno-insiste-en-manipular-los-sorteos-de-jueces.html

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Actualidad

Un prófugo de la justicia peruana al Instituto de Revisionismo Histórico

MARCELO GULLO AMODEO ES BUSCADO POR INTERPOL

http://www.periodicotribuna.com.ar/10117-un-profugo-de-la-justicia-peruana-al-instituto-de-revisionismo-historico.html

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La Justicia liberó a dos condenadas a perpetua por demoras en la causa
http://www.infobae.com/notas/618910-La-Justicia-libero-a-dos-condenadas-a-perpetua-por-demoras-en-la-causa.html

A cinco años del crimen de Nora Dalmasso, no hay resolución a la vista
http://www.infobae.com/notas/618924-A-cinco-anos-del-crimen-de-Nora-Dalmasso-no-hay-resolucion-a-la-vista.html

La Justicia dice que Oyarbide "construyó un pajar" en el caso Schoklender
http://www.perfil.com/contenidos/2011/11/24/noticia_0028.html

Ante los reproches de la Cámara, Oyarbide advierte: "Sigo más fuerte que nunca
http://www.lanacion.com.ar/1426345-oyarbide

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Avenimiento, muerte y un fallo polémico

El caso de la mujer que perdonó y se casó con el violador que luego la asesinó genera consternación y debate.

Los jueces pampeanos Pablo Balaguer, Carlos Flores y Gustavo Jensen resolvieron la libertad de Marcelo Tomaselli, el violador que se casó con su víctima Carla Figueroa y seis días después de salir de la cárcel la asesinó frente al hijo de ambos, bajo la figura legal de avenimiento, que implica otorgar al preso el perdón en la causa, a pedido de la mujer.

http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/156318-avenimiento-muerte-y-un-fallo-que-desata-la-polemica-judicial/

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El parapentista que sobrevoló la Capital, más cerca del juicio oral

La Cámara Federal confirmó el procesamiento y podría recibir hasta 8 años de cárcel. Fue una publicidad de una bebida.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento y dejó más cerca del juicio oral por un delito que contempla hasta 8 años de prisión al parapentista Hernán Pitocco, quien sin permiso sobrevoló zonas como el Obelisco, el teatro Colón y aterrizó en Puerto Madero, para promocionar una bebida energizante en abril pasado.


En su fallo, los camaristas confirmaron el procesamiento dictado por la jueza federal María Servini de Cubría y remarcaron que según un informe de la Administración Nacional de Aviación Civil el piloto del aerodeslizador que cometió el delito el 27 de abril pasado "realizó un vuelo temerario en una zona densamente poblada".


También manifestaron un "desprecio no sólo de su vida, sino la de terceros".


El acusado está procesado por violación del artículo 190 del Código Penal, que castiga con dos a ocho años de cárcel al que "a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave".


El piloto fue arrestado por Prefectura Naval Argentina cuando aterrizó en el Puente de la Mujer, en Puerto Madero, pero está en libertad.


“No cabe sino considerar que acierta la magistrada de la anterior instancia que, tanto desde la perspectiva que brinda el sentido común, como al citar el informe que la Administración Nacional de Aviación Civil brindó al respecto, dio cuenta de que la conducta de Pitocco generó el concreto peligro requerido por la figura en análisis”, sostuvieron los camaristas Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler.


Y advirtieron que en los informes se remarcó que podría haber habido accidentes tanto por "la distracción que pudo haber causado en los automovilistas que circulaban por la avenida 9 de Julio, como por los límites propios del aerodeslizador, en tanto su liviana estructura podría quedar a merced de los vientos, que a baja altura y por el encauzamiento de su flujo por las edificaciones circundantes son cambiantes y de muy difícil predicción".


También se consideró un agravante el lugar elegido para aterrizar, "una calle peatonal no cerrada al público aceptando, en ello, un potencial resultado dañoso tanto para el aparato como para las personas que allí se encontraban".

http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/155452-el-parapentista-que-sobrevolo-la-capital-mas-cerca-del-juicio-oral/

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El Gobierno, contra régimen de jubilaciones de los jueces

Quieren limitar indexación de liquidaciones. aseguran que se llegan a pagar $ 60.000 mensuales


Por: Carlos Burgueño

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=618720

Por orden de Cristina Fernández de Kirchner, varias áreas del Gobierno están concentradas en un desafío en el que muchos otros no pudieron avanzar: reducir el régimen las jubilaciones especiales que tiene la Justicia argentina. La intención es cortar al máximo la indexación, más bien multiplicación, que tienen los pagos a los retirados del Poder Judicial de la Nación y otros regímenes especiales.

Según los cálculos oficiales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida jubilaciones mensuales de hasta 60.000 pesos a exmagistrados. El objetivo de máxima es poder retrotraer estas liquidaciones a números más cercanos al promedio de la ANSES, incluyendo los pagos a exfuncionarios. El de mínima es sancionar una nueva ley que directamente impida el régimen de indexación judicial, y equipare en el futuro los pagos a los jueces con el resto de los exempleados públicos de línea.

En la mira del Gobierno no sólo están los pagos a los jueces. Desde siempre es intención de la jefa de Estado terminar con el resabio del régimen de jubilaciones de privilegio, por el cual se destinan unos 400 millones de pesos anuales en pagos a exfuncionarios, legisladores y jueces. Por ahora, el Gobierno sólo pudo avanzar en 2008 eliminando del privilegio a los beneficiarios de los gobiernos militares. Sin embargo, aún quedan en la larga lista de la ANSES exfuncionarios de gobiernos democráticos, algunos de ellos más que conocidos y que estuvieron sólo algunos meses en la gestión.

La embestida contra las jubilaciones especiales de la Justicia no será fácil. En casos similares han fracasado prácticamente todos los gobiernos democráticos, especialmente en la intención de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. En la actualidad, los magistrados son los únicos argentinos «privilegiados» en no pagar el tributo, objetivo permanente de embestidas de Hugo Moyano por el alcance que tiene el mínimo no imponible en estos tiempos sobre el sueldo de los trabajadores. Tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde fracasaron constantemente en la intención de avanzar sobre la obligación para que los jueces paguen Ganancias y en el recorte del sistema de indexación de las jubilaciones de los magistrados y los empleados del Poder Judicial. Siempre hasta ahora «la familia» judicial logró que finalmente la Corte Suprema de Justicia determinara la inconstitucionalidad de cualquier embestida de este tipo, bajo la fórmula de la intangibilidad de los salarios de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo o el Legislativo. Según la Corte, la posibilidad de que los jueces liquiden Ganancias o que se modifique su sistema de liquidación de jubilaciones sólo puede ser modificado con una reforma constitucional.

Igualmente, y por una cuestión de derechos adquiridos, cualquier alteración en el régimen de pensión especial de los magistrados deberá ser hacia delante. Para los técnicos que trabajan en el nuevo esquema dentro del Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino, es difícil que cualquier cambio pueda alterar el actual estado de situación de las abultadas jubilaciones judiciales. En la ANSES se mencionan incluso casos provinciales en los que los beneficios de los exmagistrados son aún mayores que los de los propios exintegrantes de la Corte.

El propio titular de la ANSES, Diego Bossio, habló ayer sobre la situación previsional de la Justicia. El funcionario mencionó en declaraciones a radio La Red que «hay jueces jubilados con haberes de 60 mil pesos mensuales, y el promedio de las jubilaciones de unos cuatro mil exfuncionarios judiciales es de 22 mil pesos». Bossio también denunció otro costado crítico para el Gobierno dentro de la situación previsional al afirmar que existe una «connivencia entre abogados previsionales y la Justicia para sacar determinados expedientes» que autorizan, por ejemplo, el pago de jubilaciones superiores a los 100 mil pesos mensuales.

El funcionario reveló que durante 2011 la ANSES «inició una serie de denuncias a distintos juzgados por algunos fraudes, ante la connivencia entre los abogados previsionales y la Justicia para sacar determinados expedientes, con sumas realmente abultadas». «Eso es injusto porque altera los procesos y también genera privilegios. Por caso, en la Argentina hay jubilaciones superiores a los 100 mil pesos que paga la ANSES, producto de sentencias judiciales con retroactivos muy grandes», aseguró Bossio.

El funcionario precisó que uno de los casos denunciados involucraba a «dos secretarios, dos funcionarios judiciales, que embargaban a la ANSES y sacaban expedientes con sentencias todas superiores a un millón de pesos o retroactivos de un millón de pesos». El funcionario admitió que «éste es un tipo de operación que estamos viendo muy recurrentemente» y recordó cuando «la presidenta Cristina de Kirchner habló de los caranchos previsionales».

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Santa Fe: dan salidas transitorias a tres represores condenados

La inédita resolución judicial benefició al ex juez federal Víctor Brusa, la ex guardiacárcel María Eva Aebi y el ex policía provincial Eduardo "Curro" Ramos; todos ellos condenados por secuestros y torturas a prisioneros políticos

http://www.lanacion.com.ar/1438359-excarcelacion-parcial-para-a-tres-represores

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Sobreseyeron a Hugo Moyano en una causa por calumnias e injurias

Estaba acusado por un dirigente socialista que lo había vinculado con la Triple A.

http://www.perfil.com/contenidos/2012/01/06/noticia_0023.html

Pasó el tiempo y prescribió. El titular de la CGT, Hugo Moyano, fue sobreseído por prescripción en la causa en la que estaba acusado de calumnias e injurias contra un dirigente socialista de Mar del Plata que lo vinculó con la banda terrorista de derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), relacionada con la Triple A en los años 70. Según el abogado del denunciante, el sindicalista usó "todos los artilugios legales" para dilatar el proceso.

La medida fue dictada en la última semana de diciembre por el juez correccional Raúl García, quien consideró prescripto el expediente por el paso de los dos años desde que la causa fue elevada a juicio, pero cuyo proceso nunca se realizó, informaron hoy a DyN fuentes judiciales.

"Durante dos años usaron todos los artilugios legales para dilatar el proceso. El objetivo de Moyano fue demorar la causa para que no se conozcan sus relaciones con la CNU. No fue a probar su inocencia, lo sobreseyeron por prescripción", señaló el abogado querellante Daniel Stragá.

Moyano estaba acusado de haber financiado una solicitada en la que se desmintieron las acusaciones de Carlos Petroni, un dirigente socialista que lo vinculó con el accionar en Mar del Plata de la CNU, una organización vinculada a la Triple A, en los años '70.

La causa. Petroni declaró en 2007 en los "Juicios por la Verdad" en Mar del Plata que Moyano tenía "estrechos lazos políticos, sindicales, personales y económicos con prominentes jefes y operativos de la CNU".

Por entonces Moyano era delegado por Mar del Plata de la dirección de la Juventud Sindical Peronista (JSP) e integró la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA).

Los dichos de Petroni fueron desmentidos en una solicitada firmada por su hermano, Fernando Petroni. Así, Carlos Petroni denunció a su hermano y a Moyano por calumnias e injurias, delito por el que fueron procesados y enviados a juicio el 23 de noviembre de 2009.

El juicio iba a comenzar el 11 de noviembre pasado pero por la muerte de uno de los hijos de Moyano fue reprogramado para el 22 del mismo mes, pero ese día Fernando Petroni presentó un certificado médico en el que adujo que por siete días no podía presentarse por una dolencia muscular.

Así, la defensa de Moyano pidió el cierre de la causa por prescripción ya que pasaron los dos años, plazo que prevé el Código para archivar un expediente por delitos menores en caso de que no se haya realizado el juicio, a lo que el juez García hizo lugar.

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La última joyita de Oyarbide

La trastienda de la política (y de los políticos)

http://www.lanacion.com.ar/1438970-la-ultima-joyita-de-oyarbide

Todo el mundo lo sabe: el juez federal Norberto Oyarbide es un fanático del lujo y los objetos exclusivos. Nunca pretendió ocultarlo. Su última adquisición es un gran anillo de brillantes con el que camina por los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py. Es una ventaja que vaya siempre acompañado de sus custodios, que no lo pierden ni por un segundo: el propio Oyarbide contó que el anillo cuesta algo así como 250.000 dólares.

"Entregué en pago todo lo que me regalaron en los últimos cinco años", le explicó a gente que trabaja con él. Está encantado con la compra.

"Es un brillante dorado, no todos saben lo que es...", dice y levanta su mano izquierda para que se vea mejor.

Es enorme, redondo, y está formado por muchos diamantes que, a simple vista, no se ven dorados; sólo brillantes. Quien quiera conocerlo deberá darse una vuelta por Comodoro Py dentro de un par de semanas. A diferencia de enero de otros años, el juez decidió no quedarse toda la feria en Buenos Aires y se fue de vacaciones a Punta Cana.

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La Suprema Corte bonaerense rechazó detener al padre Grassi por abuso

http://www.infobae.com/notas/626380-La-Suprema-Corte-bonaerense-rechazo-detener-al-padre-Grassi-por-abuso.html

El máximo tribunal provincial no hizo lugar al planteo de los abogados querellantes para que se encarcelara al sacerdote, condenado en 2009 por dos hechos de abuso sexual

La Suprema Corte rechazó el planteo de los abogados querellantes Sergio Piris y Juan Pablo Gallego, quienes pidieron la inmediata detención del sacerdote cuya detención no se hizo efectiva porque la Justicia determinó que la misma se aplicará al quedar firme la condena.

Este planteo ya había sido desestimado previamente por la Sala I de la Cámara en lo Penal de Morón, y por el Tribunal Oral Criminal Nº1 de la misma jurisdicción el cual realizó el juicio y encontró culpable a Grassi de "abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado, dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada".

Los jueces de la Suprema Corte consideraron inadmisible el planteo de los querellantes, ya que no se trata de "sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o a las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal".

Para la Suprema Corte "al posibilitar la libertad ambulatoria durante la sustanciación de la etapa extraordinaria (si se toma en cuenta el estado procesal de la causa principal), no ocasiona un perjuicio de imposible reparación ulterior que requiera tutela inmediata". Además, evaluaron que en el caso no se da una situación de "gravedad institucional", como invocaron los acusadores.

El fallo de la Suprema Corte es del pasado 28 de diciembre pero recién se conoció en las últimas horas. Este año se prevé que ese Tribunal resuelva si confirma o no la condena del sacerdote, y sobre todo si se ordena o no su detención.

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Actualidad

Oyarbide es el peor juez de la Argentina, según encuesta entre abogados

FALTA DE INDEPENDENCIA POLÍTICA Y UN ROL DEMASIADO MEDIÁTICO


http://www.periodicotribuna.com.ar/10524-oyarbide-es-el-peor-juez-de-la-argentina-segun-encuesta-entre-abogados.html

El juez federal Norberto Oyarbide es el "peor juez" de la Argentina a raíz de su "falta de independencia política" y por su rol "mediático", reveló hoy una encuesta realizada entre abogados.

Según esa misma encuesta realizada por la ONG "Gente de Derecho", la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una aceptación del 73 por ciento, entre los 400 abogados consultados entre noviembre y diciembre de 2011.

En el punto referido al peor juez de la Argentina, un 31 por ciento dijo no saber o no contestar, y la segunda opción más votada aparece Oyarbide con el 22 por ciento.

Pero en el listado de peor juez también figuran los ministros de la Corte Juan Carlos Maqueda y Santiago Petracchi, con un 9 y un 5 por ciento, respectivamente.

En cuanto al mayor déficit que presenta el Poder Judicial, los abogados ubicaron en primer lugar a la falta de independencia, seguida por la gran cantidad de cargos que siguen sin ocupar, la antigüedad de los códigos, los cortos horarios de atención al público, y el escaso presupuesto.

Sobre la independencia de la Justicia, un 86 por ciento dijo que carece de la misma, y un 74 dijo que existe corrupción en el Poder Judicial de nuestro país, a tal punto de compararlo con la "administración pública".

Según los encuestados, la corrupción se da en "los nombramientos de jueces", en el régimen de "subrogancias", y el "amigismo" entre jueces y algunos "conglomerados de abogados".

El fuero Civil es el que más buena imagen cuenta, alcanzando un 41 por ciento; por su rapidez y por su buena estructura tanto edilicia como tecnológica; en tanto que el laboral es el "peor" al que nombraron los abogados, ello a raíz de "la falta de unificación de criterios procesales" y en algunos casos "la saturación de causas".

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21 Re: La justicia argentina en la época kirchnerista el Miér Feb 01, 2012 10:14 am

Cómo el narcotráfico buscó someter a la Justicia argentina

lanacion.com

SALTA/JUJUY.- El juez federal de Jujuy Carlos Olivera Pastor aún no puede desterrar de su mente el recuerdo de aquella mañana: mientras trabajaba en el Juzgado N° 2, a su cargo, encontró una cabeza de un humano decapitado dentro de una caja que había sido dejada al pie de su auto, estacionado en la puerta del edificio. "En la tapa de la caja había un numero con cinco dígitos, como si fuese un expediente judicial, y en su interior, la cabeza de una persona; no la parte ósea, como dijeron algunos medios, sino una cabeza entera, con pelo, piel, dientes y ojos. Estaba seca, como si fuese de hace un tiempo", cuenta el magistrado, que relaciona esta aparente amenaza con las causas vinculadas al tráfico y consumo de drogas. Era septiembre de 2011, solo en el primer semestre de ese año, llevó más de 400 casos vinculados a drogas.

Olivera Pastor no es el único funcionario judicial amenazado de la región. El secretario penal de su juzgado recibió una golpiza, y dos jueces federales y un fiscal de Salta habrían sufrido intimidaciones. Ninguno de ellos descarta la hipótesis de que estos hechos estén vinculados con causas de narcotráfico que llevan en sus juzgados; y algunos coincidieron en alertar sobre el afianzamiento de organizaciones internacionales de narcos en la región.

"No quiero engañar a nadie con que el Gobierno puede ganar la batalla contra las drogas", reconoció Aníbal Fernández en 2005, según filtró Wikileaks.

"¿Vamos a esperar a que en Jujuy encontremos un auto con cinco personas muertas adentro, como pasa en Ciudad Juárez, o que se encuentren cadáveres colgados o que maten a un juez para empezar a combatir este flagelo?", dijo a LA NACIÓN el juez Olivera Pastor.

El caso del secretario penal del mismo juzgado, Federico Zurueta, fue el que destapó el escándalo de las amenazas. El 19 de octubre de 2011, cuando salía de su departamento en el centro de San Salvador de Jujuy, dos desconocidos lo sorprendieron en la puerta y lo golpearon brutalmente. Zurueta estaba a dos días de asumir como Juez de Control provincial jujeño. Lo dejaron tirado en el piso y con un mensaje claro: "No asumas como juez". El funcionario, de 35 años, quedó internado bajo observación durante varios días. Hoy, tres meses después, todavía no asumió el cargo y continúa con custodia policial.

"Desde lo que me pasó estoy custodiado las 24 horas. No puedo ni salir de mi casa si no tengo a un policía que me acompañe. No puedo vivir tranquilo", contó el secretario del juzgado.

Mensajes extorsivos

Cuando el hecho de Zurueta cobró relevancia pública, salieron a la luz los casos de otros magistrados que también habían recibido supuestas amenazas graves, entre ellos, el juez federal Olivera Pastor. "Para mí es un claro mensaje extorsivo y mafioso -afirmó-, es sabido que hay organizaciones transnacionales de narcotráfico instaladas en el Norte."

Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Salta, sufrió aparentes amenazas telefónicas en el mismo momento en que, por orden suya, se demolía en el bajo salteño -un barrio de la ciudad- una casa que un grupo de narcotraficantes utilizaba "de aguantadero para acopiar y distribuir droga". Además, este juez fue responsable del procesamiento de Jorge Dubiel, un ex comandante de la Gendarmería Nacional acusado de estar involucrado en una causa de tráfico de cocaína en Salta.

El fiscal federal José Villalba también atravesó un episodio violento: un hombre bajó de un colectivo con un machete en la mano e intentó entrar a su oficina. El policía que estaba en la puerta lo impidió.

La zona más preocupante, según muestran datos oficiales, es el departamento de Orán, de 130 mil habitantes, ubicado en el norte de Salta. Según la Agencia Antidrogas provincial, el 50% de las incautaciones de droga se realizan allí, donde fuentes periodísticas confían que las "historias sobre narcos son parte del pan cotidiano en las calles".

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El hecho fue el 7 de diciembre de 2010

Indoamericano: sobreseen a 44 policías y una jueza por las muertes

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=623262

El juez de instrucción Eliseo Otero sobreseyó a 44 policías y una magistrada que habían sido imputados por dos muertes ocurridas durante la represión policial para desalojar la toma del Parque Indoamericano, en Villa Soldati, el 7 de diciembre de 2010.

Fuentes judiciales informaron que el juez sobreseyó a 33 miembros de Policía Metropolitana y a 11 de la Federal, acusados por ambos homicidios, y a la jueza porteña María Cristina Nazar, quien ordenó el desalojo del parque.

Todos ellos habían sido imputados por las muertes del ciudadano paraguayo Bernardo Salgueiro y de la ciudadana boliviana Rosemary Chura Puña, así como por las graves heridas que sufrieron Wilson Fernández Prieto, Emanuel Ríos, Miguel Ángel Montoya, José Meruvia Guzmán, John Duré Mora y Juan Segundo Aráoz.

En su resolución, el juez Otero dirigió duras críticas al fiscal Sandro Abraldes, quien pidió todas las indagatorias, por perseguir la hipótesis de la represión policial, y no otra, como la de que el arma homicida podría ser de fabricación casera en manos de particulares.

Según Otero, el fiscal hizo una "imputación cuasi genérica" y de una "incapacidad para dar con los autores materiales" de las muertes ocurridas en el predio: "un año ha tenido el Ministerio Público Fiscal para llevar adelante la investigación", y -según remarcó en la resolución de 100 carillas- "se ha desperdiciado una oportunidad de gran valor para dar respuesta a quienes han resultado damnificados en este suceso, a los familiares de las víctimas fatales y a la sociedad en general".

"La solución a la que arribó Abraldes ha tenido un claro objetivo; transcurrido un año de investigación sin que se hubiera logrado siquiera un mínimo avance en torno a individualizar a los autores materiales del hecho, ha pretendido cumplir con la demanda de justicia, echando mano a una responsabilidad compartida, cuasi genérica", añadió el juez.

A su vez, le critica al fiscal desechar la posibilidad de que las muertes hayan sido provocadas por armas "tumberas" en manos de civiles.

"Nada se ha investigado sobre la idea de una arma 'tumbera' o de fabricación casera, no se han solicitado allanamientos ni registros a las fincas ubicadas dentro de la villa 20, en las que, eventualmente pudieran haberse hallado elementos de interés, municiones o armas de fuego compatibles con aquellas que dispararan las postas de plomo extraídas a los cuerpos de las víctimas", sostuvo.

Y sobre ello, el juez estimó que "lamentablemente para la investigación no podrá saberse, nada se hizo al respecto, permanecieron inexplicadas aquellas circunstancias que no guardaban relación con la hipótesis de la autoría policial".

"La responsabilidad que pretende adjudicar el titular de la acción a quienes se hallaban a cargo del procedimiento descripto, representa una extensión desmesurada de la responsabilidad por el hecho propio", dijo el juez.

Aludió así al pedido del fiscal para indagar al comisario mayor de la Policía Metropolitana Ricardo Ferrón (de la División Operaciones Especiales); al comisario general de la Federal Roberto Agustín Palavecino; y al mayor Hugo Lompizano -estos últimos dados de baja de la fuerza-, entre otros.

Además, Otero aseguró que el fiscal justificó su teoría de la represión policial, entre otras cosas, en base a testimonios "contradictorios" como los del dirigente barrial Alejandro "Pitu" Salvatierra, quien esos días intermedió entre personal policial y los ocupantes del predio, y ahora es investigado por supuesto "organizador" de la usurpación.

"La explicación es sencilla, la información suministrada por Salvatierra, no sólo no comulga con las conclusiones a las que el dictamen fiscal pretendía arribar, sino que las contradice", concretamente sobre "la existencia de escopetas, incluso algunas de caño recortado -armas compatibles con aquellas que pudieron disparar las postas que terminaron con la vida de Salgueiro y Chura Puña-, es sencillamente inaceptable", aseguró Otero.

También consideró que la jueza Nazar se encuadró dentro de la ley por haber sido quien ordenó el desalojo ese 7 de diciembre presuntamente sin haber tomado recaudos.

"Los motivos que llevaron a la Juez Nazar a hacer lugar al desalojo del Parque Indoamericano, respondieron, evidentemente, a criterios de urgencia, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, circunstancias éstas que imponen desde el punto de vista práctico mayor laxitud probatoria, pues de otro modo, resultaría sencillamente imposible disponer medidas de coersión en los albores de cualquier investigación penal", justificó Otero.

En un punto de su resolución, el juez ordenó la convocatoria de Prefectura Naval Argentina para hacerse cargo de la investigación y tratar de identificar a los autores materiales del hecho.

El fiscal de instrucción Abraldes cuenta con la posibilidad de apelar el fallo ante la Cámara del Crimen. Después de aquellos hechos del 7 de diciembre el parque volvió a ser ocupado por manifestantes al día siguiente, cuando se produjo una tercera muerte, aunque el dictamen del fiscal se circunscribió a lo ocurrido el primer día.

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Abusó de una niña de 13 años, pero lo liberan porque es el sostén familiar

http://www.infobae.com/notas/631115-Abuso-de-una-nina-de-13-anos-pero-lo-liberan-porque-es-el-sosten-familiar.html

La Sala primera de la Cámara del Crimen liberó bajo "caución juratoria" a un delincuente acusado de abusar de una joven "aprovechándose de la situación de convivencia". Sin embargo, le prohibieron acercarse a la víctima, lo cual parece complicado pues los 11 integrantes de la familia viven en una habitación


Una sala de la Cámara del Crimen porteña, con los votos de los jueces Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos, resolvió así el planteo de un joven procesado con prisión preventiva.

El acusado está imputado de "abuso sexual con acceso carnal agravado por haberse perpetrado sobre una persona menor de 13 años de edad y aprovechándose de la situación de convivencia preexistente; exhibiciones obscenas agravadas por haber afectado a una menor de 13 años de edad; abuso sexual simple y promoción a la corrupción de menores agravada por resultar la víctima menor de 13 años de edad".

La sumatoria de los delitos imputados podría derivar en una condena potencial de hasta 20 años de cárcel, pese a lo cual los camaristas consideraron -siguiendo un criterio de la Cámara de Casación- que "el riesgo procesal de fuga presumido por la juez de grado puede ser neutralizado con una medida menos gravosa que el encierro cautelar, esto es, mediante la imposición de una caución juratoria".

"No encontramos elementos de entidad para apartarnos del principio general que rige en la materia", añadieron los jueces, al recordar que la prisión preventiva durante el proceso sólo puede mantenerse si existen riesgos de que el imputado se profugue o, estando en libertad, entorpezca la investigación.

El fallo describe "las condiciones personales y socio- económicas del imputado, en concreto que con su trabajo y el de la madre subsiste el grupo familiar luego de que falleciera su padre hace poco y que vive en una situación de pobreza estructural, ya que vive con la madre, ocho hermanos y un tío materno en estado de hacinamiento".

En ese contexto, el fallo aclara que "teniendo en cuenta los sucesos que se reprochan, se le impondrá la prohibición de contacto tanto con la víctima como con su grupo familiar conviviente".

En disidencia, el juez Alfredo Barbarosch se había inclinado por mantener la prisión preventiva sobre el imputado.

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Denuncian que la Justicia no quiere frenar la represión a ambientalistas


Abogados antiminería presentaron pedidos de hábeas corpus en Tucumán y no se los concedieron. "Quieren ganar tiempo", advierten.

Por Ramón Indart (*)
(*) De la redacción de Perfil.com


http://www.perfil.com/contenidos/2012/02/10/noticia_0022.html

A raíz de la represión en Tinogasta (Catamarca) y Amaicha del Valle (Tucumán), abogados de la Red de Asistencia Jurídica contra la megaminería (RDAJ) presentaron este mediodía un hábeas corpus para frenar el accionar policial. Sin embargo, denunciaron ante Perfil.com que la Cámara Federal de Tucumán no quiso recibirlos y que los derivaron al Juzgado Federal de primera instancia para "ganar tiempo contra los manifestantes".

La coordinadora de RDAJ, Soledad Sede habló con Perfil.com y explicó la situación: "Luego de la represión nos presentamos en la Cámara Federal para defender la integridad física de los arrestados, para que no los golpeen ni repriman. Pero no lo aceptaron y lo pasaron a un juzgado de primera instancia". Según la abogada, esta estrategia es para que "no deban decidir inmediatamente sobre las dos provincias".

Tras la negativa, los recibió el juez Raúl Daniel Bejas. Sin embargo, no tomó nignuna decisión al respecto. "Quieren ganar tiempo", sentenció Sede. Desde la Cámara Federal no hubo respuesta a este portal y desde el juzgado de Bejas dijeron que "luego de su jornada laboral, se fue de vacaciones".

La constitución. El artículo 43 de la Constitución Nacional explica qué se debe hacer ante una presentación de hábeas corpus: "cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio".

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POLÉMICA POR LOS SUELDOS PÚBLICOS

Los jueces más influyentes del país cobran como los legisladores

Magistrados de primera instancia reciben montos similares a los del Congreso tras el "salariazo". Cuántos sueldos necesita Oyarbide para comprarse su anillo. Galería.

Por Diego Gueler (*)
(*) De la redacción de Perfil.com.

El 'salariazo' en el Congreso provocó una catarata de críticas, pero las dietas de legisladores apenas igualará a los ingresos más bajos de un juez nacional de primera instancia, que según fuentes de Perfil.com cobran alrededor de $30.000 netos mensuales. Camaristas, jueces de Casación y de la Corte Suprema poseen ingresos muy superiores a diputados y senadores de la Nación en 2012.

Según consta en los registros contables del Poder Judicial de la Nación, el juez federal Norberto Oyarbide cobró en febrero 31.878 pesos netos. Es decir que para poder adquirir el lujoso anillo 250.000 dólares que exhibió en Comodoro PY, Oyarbide necesitaría más de 34 sueldos.

Eso sí, en los tribunales federales en la Capital los ingresos son dispares, en función de la antigüedad y otras variables. Por ejemplo, la magistrada federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, percibió este último mes $42.225, mientras que el juez Claudio Bonadío, $27.347 netos.

A medida que se asciende en la Justicia, los ingresos son mayores. La media de ingresos de los miembros de las cámaras es de 40.000 pesos mensuales. Aunque siempre hay excepciones: el camarista laboral Mario Fera, además miembro y ex titular del Consejo de la Magistratura, cobró en febrero $36.324.

En la Cámara Nacional de Casación penal, el máximo tribunal penal a nivel nacional, las cifras salariales medias son aún superiores: $45.000 netos al mes. Raúl Madueño, miembro de Casación y ex presidente del tribunal, goza de un sueldo mensual de $43.300.

Sueldos cortesanos. Claro que los mayores sueldos son patrimonio de la Corte Suprema de Justicia. El titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el juez Eugenio Raúl Zaffaroni cobran 50.000 pesos netos por mes.

El ministro de la Corte con el mayor salario es Carlos Fayt, de 94 años y décadas en la Justicia, con unos $60.000 al mes.

'Consejazo' de la Magistratura. Si los ingresos de la Corte pueden resultar elevados, los del cuerpo que nombra y remueve a los jueces de todo el país los superan en muchos casos.

Es el ejemplo del nuevo presidente, Manuel Urriza, que en febrero cobró $54.398, o del representante de los abogados en la Magistratura, Daniel Ostropolsky, con $58.524 netos (el titular del Colegio de Abogados de Mendoza posee un plus por desarraigo).

Sin tarifazos. A diferencia de los legisladores nacionales, el aumento de los jueces viene definido por los incrementos del presupuesto anual que estipulan la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, y que luego la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Congreso, en última instancia, deben aprobar.

Además, el acceso a la magistratura requiere de una vasta formación académica, experiencia en la Justicia, exigentes concursos y que su pliego sortee la Presidencia de la Nación y el Senado. Es un proceso muy distinto al de un legislador electo por el voto desde un partido político.

El presupuesto de gastos de personal del poder Judicial aumentó un 65% entre 2011 (743.042.802 pesos) y 2012 (1.231.620.227 pesos) y entre 20% y 25% de aumento de media para funcionarios judiciales y magistrados desde 2007.

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